Los Tufos del Narco: Carlos Aguilar Garza; Sinaloa, 1978

Por en May 12, 2016

Mientras sobre su cabeza los helicópteros sobrevolaban describiendo círculos en el espacio, para proteger a los aviones que rociaban con defoliantes los sembradíos de adormidera, desde lo alto de uno de los valles montañosos de Sinaloa, Carlos Aguilar Garza contemplaba cómo ardían las amapolas. Aunque el humo no le permite ver con claridad, observaba cómo los campesinos y sus hijos corren para no ser alcanzados por el ígneo elemento, cargando sus pocas pertenencias que habían podido reunir antes de que los soldados prendieran fuego a sus casuchas.

Era la Operación Cóndor en las montañas de Sinaloa, donde los campesinos ya no sembraban granos, sino adormidera y mariguana.

Para el ciudadano común, los helicópteros, los aviones y quienes los pilotean son miembros del Ejército mexicano. Ignora que pertenecen a la DEA, y que los pilotos son ex empleados de la CIA contratados por la DEA. Los mismos que durante la guerra de Vietnam habían rociado napalm sobre las aldeas del Vietcong y transportaron heroína de los traficantes tailandeses.

En realidad había otras mentiras en aquella operación.

Al principio, la DEA quería utilizar Agente Naranja (producto químico potencialmente tóxico usado por el ejército estadounidense en la Guerra de Vietnam, para eliminar la vegetación en la que los vietnamitas pudieran camuflarse), pero el gobierno mexicano se opuso. Así que en su lugar rociaban un compuesto denominado 24-D, el mismo que los gomeros utilizaban para matar las malas hierbas que rodean los campos de amapolas.

–Sí –piensa en voz alta Carlos–, todo esto es una comedia, para dorarles la píldora a los gringos. Y si están aquí, sólo es como consejeros. Nada más.

Farsa o no, la guerra norteamericana contra las drogas en México desde 1975 había provocado que diez mil soldados mexicanos atravesaran aquel valle cercano al municipio de Badiraguato, junto con escuadrones de la PJF al mando de Carlos, y una docena de “consejeros” de la DEA.

La mayoría de los militares eran soldados de infantería; otros, los menos, iban a caballo, con las órdenes precisas de quemar los campos de amapolas que desde el espacio los aviones y los helicópteros envenenaban con el 24-D, y dispersar a los traficantes, los gomeros.

Aunque Carlos veía arder las amapolas, su mente la ocupaba en otro asunto. Pensaba en el trabajo que tendría que hacer “lo más pronto posible”.

El nuevo gobierno, el del presidente López Portillo, había decidido incrementar su participación en la articulación del negocio, pues no ignoraba que por el tráfico de drogas ilegales cada año entraban al país miles de dólares, una fuente de ingresos ilegales sin precedente en las estructuras de seguridad corrompidas por los narcotraficantes; montos de dinero que no se comparaban con los generados medio siglo atrás, que excedían incluso el propio presupuesto de la PGR.

Así que lo que en esos momentos preocupaba a Carlos era, en realidad, un problema de tipo financiero. Para que el nuevo gobierno pudiera ejecutar sus planes él debía ocuparse de Pedro Avilés, el hombre que dirigía el negocio del opio en esas montañas, desde las últimas tres décadas.

La desaparición de don Pedro no era problema. Lo que preocupaba al coordinador de la Operación Cóndor era quién lo supliría. El sustituto debía ser joven, sí, pero tan duro, inteligente y astuto como don Pedro. Un hombre respetuoso de la ley no escrita, pero respetada por todos: mantener la boca cerrada, incluso cuando los gringos le apretaran las clavijas.

Sabiendo que irremediablemente se acercaba el fin del viejo Pedro, Carlos había insinuado a Miguel Ángel que en la PGR y la PJF veían con buenos ojos que él encabezara la organización, pero no había querido escucharle.

El segundo de los nombres considerados por Carlos Aguilar fue el de Don Neto, un hombre muy trabajador que servía lealmente y bien a su amigo don Pedro. Se desempeñaba como tesorero de la organización y manejaba con eficacia la plaza de Culiacán. Sin embargo, Carlos Aguilar no se decidió por él al considerar que, pese a sus cuarenta y siete años y aspecto feroz, no estaba capacitado para ocupar un cargo tan importante.

Luego pensó en El Azul, y El Pablote. Pero después de sopesar los pros y los contras respecto a su personalidad, los desechó. Aun cuando ambos sabían hacerse respetar y temer, eran hombres que por su enorme simpatía personal y carácter bonachón, se llevaban demasiado bien con la gente, lo que podría suponer que no tenían la fuerza que necesita un líder, como la que se requería para suplir a don Pedro.

A Caro Quintero, El Mayo Zambada, Amado Carrillo, a Javier Barba Hernández, los hermanos Rafael Emilio y Juan José Quintero Payán, y el resto de los miembros del grupo, ni siquiera los consideró. Reconocía que todos habían demostrado su valor y competencia en el negocio, pero eran inexpertos para responsabilizarles de tan importante posición.

Al final se decidió por Miguel Ángel. Tal vez si alguno de sus amigos políticos le hablara al respecto, Miguel Ángel le haría caso.

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Carlos llegó a Culiacán precedido por su mala fama de torturador. Podía pasar por un verdadero tamaulipeco: simpático, dicharachero, anecdótico y siempre listo a contar cuentos pasados de color, de los cuales tenía un buen repertorio. Pero todo aquello sólo era la careta que ocultaba a un sádico funcionario federal, un torturador bien relacionado y, por lo tanto, intocable.

Se decía que gozaba con las torturas que ordenaba aplicar a los traficantes menores o los miserables campesinos que tenían la desgracia de caer en sus manos. Sobre aquel enfermizo proceder había muchas quejas, pero ninguna fue escuchada. Así ganó la mala fama y se le temía por autoritario, pero no era respetado ni por sus propios compañeros de la Judicial Federal ni por ningún otro funcionario de la PGR.

El 13 de febrero de 1978 su asesor y jefe de prensa, el periodista Roberto Martínez Montenegro, fue acribillado con ráfagas de metralleta cuando se dirigía a su domicilio. De inmediato a Carlos se le señaló de ser el autor intelectual del crimen.

Ante la presión del gremio reporteril y la sociedad sinaloense, Carlos ordenó la detención de Víctor Gómez Vidal, agente de la DFS, y del abogado y periodista Jesús Michel Jacobo, como responsables del homicidio. Pero la maniobra resultó tan burda que días después fueron liberados. El rumor popular insistía en que él había ordenado la ejecución, para evitar que el periodista revelara sus relaciones con los narcotraficantes que operaban en el estado, a los que debía combatir mediante la Operación Cóndor.

Cuando el escándalo subió de tono, por orden presidencial, desde la ciudad de México, la DFS envió a Sinaloa a investigar el asunto a su subdirector Miguel Nazar Haro, quien permaneció en Culiacán alrededor de un mes. Días más tarde volvió y convocó a conferencia de prensa.

Ante la sorpresa de los comunicadores, informó que había recibido la orden de investigar la muerte de un periodista, más no la de un “delincuente” como, dijo, revelaban sus pesquisas había resultado Martínez Montenegro. “Por lo mismo –agregó– el homicidio será investigado por la procuraduría del estado”.

“Miserable, sólo está dando esquinazo al asunto”, pensaron los indignados periodistas que le acusaron de manchar el nombre de su compañero, y exigieron que revelara los nombres de los autores intelectuales del asesinato.

–Es falso todo lo que usted dice de Montenegro. Si en verdad investigó el homicidio, sabrá que el móvil fue para evitar que revelara la información que tenía sobre los manejos internos de los agentes de la PGR en Sinaloa, en los asuntos del narcotráfico, en especial Carlos Aguilar –le encaró un comunicador al subdirector de la DFS.

–Por razones de seguridad nacional, no proporcionaré ninguna información más –contestó malhumorado Nazar Haro, y abandonó precipitadamente el lugar.

Desde entonces, el escándalo y la sospecha persiguieron a Carlos Aguilar. Paralelamente, los problemas comenzaron a menudear en la organización de Pedro Avilés. De pronto los federales descubrían un valioso campo de amapolas, después invernaderos, laboratorios, traficantes de poca monta de su grupo, policías estatales y federales que estaban en su nómina.

Las acometidas dejaban sin aliento al viejo cacique, que no entendía lo que sucedía. No sospechaba que sus días de la supremacía estaban llegando a su fin; que ya no pisaba terreno firme. Que iban por él, porque para el nuevo Gobierno federal ya no era indispensable.

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