La mano negra tricolor

Por en July 26, 2016

Vicente Pérez Peñaflor

A partir de la denuncia penal que realizó la administración del municipio de Colón, encabezado por Alejandro Ochoa Valencia, por irregularidades financieras del último trimestre del 2014 en contra de quien resulte responsable, de pronto los activistas y protestas se hicieron presentes.

El tema concreto es referente a la instalación de la planta recicladora, ubicada en la comunidad de San Martín. Encabezados por Ruperto Hernández Uribe, subdelegado que encabezó los bloqueos a la carretera 130 para mostrar su rechazo.

Sin embargo, estos trámites para la instalación de la planta recicladora se han llevado a cabo desde la administración del hoy demandado, Alejandro Arteaga Cabrera. De acuerdo con documentos que cuenta Sin Permiso, los permisos son otorgados por la entidad estatal y federal.  Uno de los argumentos es que existen mantos acuíferos, cosa que no es cierto, los documentos de estudio de impacto ambiental así lo dicen.

De pronto, a partir de la demanda, comenzaron la oposición a la planta recicladora cuando el mismo Ruperto Hernández no le interesaba tocar el tema. Durante la parte final de la instalación de la planta, tanto el municipio como personal de la empresa, platicaron con el subdelegado para convocar a una reunión para platicar sobre el proyecto y resolver dudas. Ruperto les decía que si, les proponía fecha y hora, ellos aceptaban. Regresaban a la hora acordada y el subdelegado les decía que no podía hacerlo porque no tenía tiempo.

No hubo interés de parte de Ruperto. O al menos quería eso dar a entender. Ese dato no se los ha dicho a los habitantes de San Martín.

Así pasó hasta el bloqueo. De pronto la gente, en su mayoría niños, protestaban de un tema que solo conocían por chismes y no aceptaban “las mentiras del gobierno”. La mano negra, más bien tricolor, estaba ahí, tratando de desestabilizar el tren de la administración municipal. Una conferencia de prensa de una regidora priista que a base de apuntes de cuaderno trataba de explicar que el ayuntamiento se “se pasa de la raya”, aunque no demostraba documento alguno para sustentarlo.

Se iniciaron tres procesos penales por el bloqueo. Uno de ellos contra Ruperto Hernández, que aceptó sin recato que estaba cometiendo un delito y no le importaba, se sentía intocable.

Llegaron las notificaciones y los que encabezan el movimiento, han dado a conocer su real rostro: que son títeres de un asunto partidista, que son peones sacrificables para presionar, no aplicar la ley y evitar que Alejandro Arteaga Cabrera responda por el desfalco que existe por más de 10 millones de pesos.

Quieren aplicar “dejar hacer, dejar pasar y así lo haré para la siguiente administración”.

Meten a la Defensoría de los Derechos Humanos como forma de presión. Acusan al alcalde Alejandro Ochoa de “discriminar a los ciudadanos”. Curiosamente encabeza la demanda Rogelio Estrada Pacheco, abogado que llevó la demanda mercantil contra el entonces candidato Ochoa Valencia, por unos pagarés que resultaron apócrifos y se dedicó a repartir periódicos en las comunidades con un reportaje denostándolo.

Los involucrados no han contestado la demanda. Están en su derecho defenderse. Pero ellos saben que solo son marionetas de un juego perverso y manos tricolores están detrás. Alejandro Ochoa desde el principio lo dijo: “hay manos priistas en el asunto”.

Realizaron una manifestación en la capital queretana, concretamente en Plaza de Armas. Alrededor de 75 personas, niños, mujeres y adultos mayores en su mayoría, que no sabían exactamente cual era el motivo de la manifestación. Inclusive al tratar de entrevistarlos, se pasaban la bolita de quién declaraba y al final, que los que sabían los motivos de la manifestación estaban adentro, en las oficinas de Secretaría de Gobierno, explicando a los funcionarios.

El lunes 25 de julio, los involucrados regresaron a Plaza de Armas con el diputado federal Hugo Cabrera Ruiz, primo del ex alcalde Alejandro Arteaga Cabrera, para presionar y que metieran en cintura al alcalde por aplicar la ley.

El tema ya se partidizó. Pero no fue por interés de la administración de Colón, sino todo fue a partir de la demanda que esta hizo contra Alejandro Arteaga por las irregularidades financieras del último trimestre del 2014 -y falta lo que la ESFE señale de 2015-. Los periódicos están ahí. Están metidas manos tricolores que quieren sacar raja política a un asunto que, por parte de Alejandro Arteaga, ha desinformado a los pobladores sobre la planta recicladora.

Último dato: el municipio de Colón ha iniciado investigaciones sobre el relleno sanitario de La Esperanza, que está en situación irregular y ambientalistas han denunciado irregularidades de la misma. Es un vaso de infección que en boca del subdelegado de esa comunidad, Juan Carlos Piña, ha cobrado la vida de dos lugareños. ¿Donde están Alejandro Arteaga, la diputada María Antonieta Puebla o el mismo Hugo Cabrera defendiendo a los pobladores?

No es redituable políticamente, para ellos.

 

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