Al carajo el sistema anticorrupción

Por en November 28, 2016

Jerónimo Gurrola Grave

@jggrave

Ninguna sorpresa causó a los queretanos la aprobación de la Ley estatal anticorrupción por el pleno de la LVIII legislatura local, en coincidencia con el proyecto federal de reforma propuesto por el Congreso de la Unión, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como tampoco sorprendió la prisa por ser el primer congreso local del país en aprobarlo –como si los premiaran, ya lo han hecho otras ocasiones- a pesar de que hay suficiente tiempo para discutirla con calma, de manera que resulte una ley lo más equilibrada y efectiva posible, y sobre todo, que sirva para acabar con el lastre de la corrupción que históricamente se da entre los servidores públicos.

Según los legisladores, el Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro hará posible prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción que se realicen en el ámbito local de manera coordinada con los otros órdenes de gobierno y exige la creación de una Fiscalía Especializada. La presente reforma, además, según los diputados, creará un nuevo régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves y de actos de corrupción.

Después de unas horas de discusión entre los legisladores de las distintas bancadas, donde uno de los puntos que más discrepancia generó fue el período en que estará al frente el titular de la Fiscalía, aprobado finalmente con 24 votos a favor y 1 en contra que será durante 9 años. Para cumplir lo señalado por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se plantea la necesidad de dotar al sistema estatal de una estructura análoga, proponiendo que esté integrado por un comité coordinador y un comité de participación ciudadana.

Pero ¿de dónde sacarán este santo y puro, que realice con pulcritud el papel de fiscal contra la corrupción que dependerá de la fiscalía general del estado?, ¿Quién va a fiscalizar al fiscalizador de las acciones de los servidores públicos que precisamente buscan puestos para tener poder y para vivir a costa del dinero del pueblo? Y, por qué, con base en qué se determina que el período de responsabilidad del fiscal sea de 9 años y no de 6, 10 o 12 años como se propuso por una fracción parlamentaria? Esto no se ha explicado.

Según datos del INEGI, la corrupción en México representa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, algo así como 347 mil millones de pesos; ocupando los mexicanos el lugar 95 de 165 en el ranking de la corrupción mundial, el último lugar dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Muchos políticos y servidores públicos presumen de haber cumplido con su 3 de 3, propuesta que supuestamente busca transparentar los gobiernos a través de la publicación de declaraciones de carácter patrimonial, fiscal y de intereses, que se enmarca en el contexto de la llamada Reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, pero sin ir muy lejos, apenas el pasado martes 22 de noviembre, el coordinador de la fracción panista en congreso local, Luis Antonio Rangel Méndez aseguró que la famosa declaración 3 de 3 no garantiza la seguridad de los datos presentados por los servidores públicos porque cada quien declara lo que quiere, ocultando muchas veces sus grandes fortunas obtenidas de manera ilícita o poco claras.

Es, pues, asombroso como ante cada medida legal que se instrumenta, la mayoría de los servidores públicos encuentran nuevos mecanismos para burlarlos y seguir usando los recursos públicos en su beneficio, de sus familiares o de sus más cercanos colaboradores como ha sucedido con los gobernadores de Tamaulipas, Sonora, Veracruz y muchos más. No hay duda de que se trata de un mal más complejo, que no basta con nuevas y mejores leyes. La corrupción es un mal innato al sistema en que vivimos, donde se cree más listo el que más roba, dejando a la inmensa mayoría de la población trabajadora en el hambre y la miseria. ¡Al carajo el sistema nacional contra la corrupción! La tarea es cambiar desde la raíz este sistema de gobierno en completo estado de putrefacción.

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